Mercado único: publicación del Informe Anual sobre Mercado Único y Competitividad de 2026

La Comisión Europea presentó el sexto Informe anual sobre mercado único y competitividad de 2026, en el que, sobre la base de 29 indicadores de rendimiento (KPIs), se evalúa el funcionamiento del mercado único en su conjunto y se identifican ámbitos prioritarios de acción. El documento señala que, respecto al informe anterior, han mejorado los siguientes indicadores: (i) reconocimiento de capacidades y cualificaciones profesionales en otros Estados miembros, (ii) vigilancia del mercado de la UE, (iii) uso de IA, (iv) inversiones de InvestEU en la transición industrial y (v) cuota y capacidad añadida anual de generación de energía renovable. En cambio, se registran retrocesos en: (i) comercio intra-EU como proporción del PIB de la UE, (ii) transposición de Directivas del mercado único con procedimientos de infracción, (iii) tiempo medio para establecer nuevas normas industriales, (iv) escasez de mano de obra en ocupaciones clave para la transición ecológica, (v) rendimiento escolar de los jóvenes de 15 años medio e (vi) inversión privada (% PIB). Por otro lado, entre los que se han mantenido estables figuran: (i) productividad laboral (PIB/hora), (ii) facilidad de cumplimiento de la normativa, (iii) gasto en I+D, (iv) número de solicitudes de patentes, (v) inversión de capital riesgo (% PIB) y (vi) capacidad nacional de fabricación de tecnologías limpias. Como novedad, la Comisión introdujo dos nuevos indicadores, uno para evaluar los esfuerzos de simplificación, que estima un ahorro administrativo de aproximadamente 15.000 millones €, y otro sobre el grado de digitalización de los procedimientos administrativos del mercado único. Por último, el informe presenta la primera agenda relativa a la aplicación de la normativa (enforcement), que identifica dos áreas prioritarias para la ejecución de investigaciones y la puesta en marcha de medidas específicas de aplicación: (i) la morosidad en las transacciones entre empresas y autoridades públicas, y (ii) los obstáculos en los servicios de construcción e instalación relacionados con la transición ecológica. Se prevé que el Ejecutivo aborde estas barreras mediante el diálogo con los Estados miembros y, en caso necesario, mediante procedimientos de infracción. Más información